Tres días después del deslizamiento en Bajo Llojeta, La Paz, que dejó una niña fallecida y más de 40 viviendas afectadas, ninguna autoridad ni entidad asume la responsabilidad del desastre.
Mientras continúan las investigaciones, las familias damnificadas intentan recuperar sus pertenencias y la maquinaria municipal trabaja para evitar nuevas emergencias en la zona.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, culpó al propietario de la inmobiliaria Kantutani por realizar movimientos de tierra sin autorización. La Alcaldía de Achocalla respaldó esta acusación, negando haber otorgado permisos para las obras y recordando que el cementerio que administra la inmobiliaria tampoco cuenta con habilitación. Por su parte, Kantutani rechazó las imputaciones, argumentando que el desastre se debió al taponamiento de un embovedado distante 1,5 kilómetros del lugar.
El gerente de la inmobiliaria, Luis Iturralde, fue aprehendido en Chile y trasladado a Perú, donde se espera su extradición a Bolivia. Mientras tanto, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los delitos de “otros estragos y peligro de estragos con agravante”, con denuncias penales ya presentadas por los alcaldes de La Paz y Achocalla.
En la zona, las familias afectadas continúan removiendo escombros bajo la precaria luz de sus celulares, mientras esperan soluciones definitivas. La maquinaria municipal trabaja para mitigar riesgos en plena temporada de lluvias, que apenas comienza.
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