Tomaron ese camino en vista de que el Gobierno se niega a revisar la medida y de que, en la Asamblea Legislativa, no hay intención de revisarla.
La Confederación de Gremiales de Bolivia presentó este jueves una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo la derogación de la disposición séptima de ley del Presupuesto General de la Nación, informó el diputado Miguel Roca.
El parlamentario estuvo acompañado del exmagistrado Gualberto Cusi y el dirigente máximo de los gremiales Jesús Cahuana. Los accionantes solicitan al TCP congelar la aplicación de esta ley confiscatoria entre tanto se pronuncie con una sentencia.
El exmagistrado Cusi pidió a los tribunos excluir del ordenamiento jurídico del país la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado, por ser contraria a la Constitución y confiscatoria sobre todo contra los comerciantes minoristas.
La norma que permite que el Gobierno decomise alimentos que considere “caros”, se introdujo en la Ley del Presupuesto 2025 que el Gobierno puso en vigencia por decreto, al no convocar a sesiones para su análisis en el Legislativo.
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