La crisis económica, el aumento de los conflictos sociales y la pobreza estructural profundizan el malestar ciudadano en Bolivia, mientras comunidades indígenas enfrentan nuevas amenazas por desastres naturales y actividades extractivas.
Bolivia atraviesa un momento de alta conflictividad social. Solo en el primer trimestre de 2025 se registraron más de 200 conflictos y más de 40 bloqueos en todo el país, duplicando las cifras del año anterior. Las protestas, principalmente motivadas por problemas económicos como la escasez de combustibles, el alza de precios y la falta de divisas, han afectado seriamente a departamentos clave como La Paz, Santa Cruz y Potosí, reflejando el creciente descontento ciudadano ante la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno.
La situación social se agrava por los elevados niveles de pobreza multidimensional, que afecta a más del 60 % de la población en ciudades como El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. En las áreas rurales, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, con un alto porcentaje en situación extrema. La informalidad laboral, que alcanza al 84 % de la población económicamente activa, deja a millones de personas sin acceso a seguridad social ni oportunidades de mejora económica, impactando especialmente a mujeres y jóvenes.
A estos problemas se suman los efectos del cambio climático y los conflictos socioambientales. Inundaciones e incendios recientes han desplazado a miles de familias, especialmente en comunidades indígenas que además enfrentan amenazas por la explotación del litio en regiones como el Salar de Uyuni. Estas comunidades denuncian la falta de consulta previa y el deterioro de sus recursos naturales, mientras el país debate cómo avanzar en un modelo de desarrollo que sea verdaderamente inclusivo y sostenible.
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