El Gobierno pretende que no se anulen medidas como el decomiso de alimentos y controles a los productores, mediante la aprobación automática de la norma.
Tras la convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca a una sesión plenaria para tratar el receso parlamentario, asambleístas de oposición y del MAS, del ala evista, consideran que se trata de una estrategia para evitar el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, permitiendo que entre en vigencia sin modificaciones desde el 1 de enero.
El diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, rechazó esta maniobra, calificándola de burda y similar a la del año pasado, cuando se decretó un receso parlamentario para evitar el tratamiento del PGE 2024. Urquidi afirmó que el objetivo es impedir que la Asamblea cumpla con sus funciones constitucionales y debata el PGE 2025 y la redistribución de escaños, crucial para las elecciones de 2025.
Desde el ala evista, el diputado Santos Mamani acusó al Gobierno de intentar aprobar el PGE 2025 sin debate, incumpliendo la Constitución. Mamani advirtió que Choquehuanca no permanecerá en el poder indefinidamente y que las elecciones se acercan.
El diputado Renán Cabezas, también evista, denunció que el anteproyecto del PGE oculta artículos que requieren leyes específicas, como el endeudamiento de 3.000 millones de dólares y la hipoteca de 22 toneladas de oro. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que si la Asamblea no aprueba el presupuesto, la Constitución prevé que entre en vigencia automáticamente el 1 de enero.
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